ACTUE Colombia es la respuesta de la Unión Europea a una solicitud del Gobierno colombiano de recibir apoyo técnico para el fortalecimiento de la Política Pública Integral Anticorrupción –PPIA.

La Unión Europea, en conjunto con la Secretaría de Transparencia, Función Pública, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Minas y Energía, la Procuraduría General de la Nación, y otros actores del Estado colombiano, y Transparencia por Colombia -desde la sociedad civil-, concibieron en 2012 el Convenio Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia (DCI-ALA/2012/023-476), que es el marco institucional bajo el cual ACTUE Colombia, Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia, contribuye al desarrollo de cerca de sesenta iniciativas nacionales, territoriales e internacionales.

El Convenio de Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia busca:

  • Fortalecer la integridad, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas de entidades públicas a nivel nacional, territorial y sectorial
  • Generar cambios culturales e institucionales
  • Promover la corresponsabilidad del sector privado
  • Crear las condiciones para el cumplimiento de compromisos internacionales del país
La Unión Europea aportó al Convenio 8.200.000€ y el Gobierno Nacional 820.000€. El Convenio tiene un período de 72 meses a partir de su firma, en mayo 2013. Los fondos de cooperación de la Unión Europea se implementan a través de dos entidades: la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y la Corporación Transparencia por Colombia.

La FIIAPP es responsable de un grupo de acciones para las cuales dispone de 7.325.000€ y 54 meses desde la firma del Acuerdo de Delegación con la Unión Europea, es decir hasta el 7 de julio 2018.

Transparencia por Colombia se encargó de la ejecución de 725.000€, orientados a apoyar el funcionamiento de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción y el desarrollo de los Índices de Transparencia de Entidades Públicas Nacional, Departamental y Municipal. Este convenio finalizó en marzo 2017. Ver más información.

El Gobierno de Colombia es responsable frente a la Unión Europea de la ejecución de los recursos que aporta como contrapartida.

Video

Karen Hussmann - Directora ACTUE Colombia

 
 
 
Proyecto ACTUE
 

ACTUE Colombia

ACTUE Colombia inicia su trabajo el 7 de enero de 2014 con la firma del Acuerdo de Delegación DCI-ALA/2013/330-003, en el marco del mencionado Convenio Intergubernamental Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia.

ACTUE Colombia es una acción integral, sectorial, multi-actor y transversal para generar valor y fortalecer las capacidades de las entidades del Estado, la sociedad civil y el sector privado para aumentar la transparencia y la integridad, prevenir y combatir la corrupción, potenciar el buen gobierno en la gestión de los asuntos públicos y cualificar la rendición de cuentas y el control social.

Presentación

Proyecto ACTUE Colombia

Proyecto ACTUE
 

Objetivos de ACTUE Colombia

  • Avanzar en la consolidación de una infraestructura de integridad pública en el país e impulsar y monitorear las políticas anticorrupción.
  • Desarrollar  estrategias sectoriales de transparencia e integridad.
  • Promocionar el control ciudadano y la participación del sector privado
  • Fortalecer la detección e investigación de casos de corrupción

Más información

Entidades socias de ACTUE Colombia

En la ejecución de las iniciativas de ACTUE Colombia, lideradas por la Secretaría de Transparencia, participan varias entidades del sector público, además de organizaciones de la sociedad civil y empresas del sector privado.

SociosACTUE

 
 

Normatividad nacional que respalda a ACTUE Colombia

Entre las principales normas que respaldan las acciones de ACTUE Colombia, están las siguientes:

  • Estatuto Anticorrupción: Ley 1474 de 2011 Ver documento
  • Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES 167 de 2013:
    Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción-  PPIA Ver documento
  • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Ley 1712 de 2014 Ver documento
  • Ley Estatutaria de Promoción y Protección del derecho a la Participación Ciudadana: Ley 1757 de 2015 Ver documento
  • Documento  del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES sobre Rendición de Cuentas: 3654 de 2010 Ver documento
normatividad nacional
 

Política Pública Integral Anticorrupción - PPIA

La Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción -PPIA, aprobada mediante el documento CONPES 167 del 2013, tiene como objetivo central: “Fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción en materia de lucha contra la corrupción en los ámbitos público y privado, con incidencia nacional y territorial”.

Objetivos específicos
1.    Mejorar el acceso y la calidad de la información pública para la prevención de la corrupción.
2.    Hacer más eficientes las herramientas de gestión pública para la prevención de la corrupción.
3.    Fortalecer el control social para la prevención de la corrupción.
4.    Mejorar la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad.
5.    Desarrollar herramientas para luchar contra la impunidad de los actos de corrupción.

Plan de acción y seguimiento
El plan de acción de la PPIA  involucra a 22 entidades del Gobierno Nacional y a los órganos de control, con excepción de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. El Departamento Nacional de Planeación-DNP, como líder del sistema de seguimiento a los documentos CONPES, en coordinación con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, como líder de la política anticorrupción, han desarrollado un sistema de seguimiento semestral que se complementa con la actualización también semestral de la batería de indicadores de la PPIA que administra el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaria de Transparencia.
Más información

esquemaSeguimiento

Estrategia Nacional

Política Pública Integral Anticorrupción -PPIA

Proyecto ACTUE

Acuerdos internacionales que soportan la PPIA

Entre los acuerdos internacionales más importantes que soportan la Política Pública Integral Anticorrupción y las acciones de ACTUE, están la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos OEA  y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.


Acuerdosinternacionales 

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Proyecto ACTUE

Compromisos internacionales de Colombia frente a la transparencia e integridad

Entre los compromisos internacionales más relevantes de Colombia relacionados con transparencia e integridad, se destacan los establecidos por el país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE, la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva EITI y Open Government Partnership OGP, Alianza de Gobierno Abierto -AGA.

 

Compromisosinternacionales

EITI

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

Proyecto ACTUE
 

Open Government Partnership OGP

Alianza de Gobierno Abierto -AGA

Proyecto ACTUE
 
 
* El Comité de Gobernanza Pública de la OCDE evalúa entre otros: (i) La transparencia y la rendición de cuentas para promover y facilitar la responsabilidad de la acción de gobierno y los grupos de interés, incluidos en el diseño y aplicación de políticas; (ii) La integridad en el sector público, incluida la aplicación de los principios y altos estándares de comportamiento en instituciones públicas, de gestión de riesgo de integridad y salvaguardias en la intersección de la opinión pública y sectores privados, incluyendo a grupos de presión, conflicto de intereses y la contratación pública; (iii) la adhesión a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso regulatorio con el fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del interés público y esté informada de las necesidades legítimas de aquellos a quienes concierne y afecta.